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Atentado/AMIA. Gobierno busca remover al juez que no quiso investigar la denuncia de Nisman contra ex Presidenta

22.11.2017 19:55  | 

 Itongadol/AJN (Por Lic. Claudio Gustavo Goldman).- El senador radical Angel Rozas, instructor en el Consejo de la Magistratura de la Nación de la causa por mal desempeño de sus funciones del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Daniel Rafecas, por haber archivado la presentación del fallecido fiscal por encubrimiento de los imputados iraníes, presentó ayer, martes, un dictamen de 63 fojas en el cual recomienda su citación para dar explicaciones y que se tratará mañana.

El senador radical Angel Rozas, instructor en el Consejo de la Magistratura de la Nación de la denuncia por mal desempeño de sus funciones del titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, Daniel Rafecas (foto), por haber archivado sin investigar la presentación del fallecido titular de la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA, Alberto Nisman, contra los ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y canciller Héctor Timerman, entre otros, por encubrimiento por favorecimiento personal agravado de los imputados iraníes como autores ideológicos de ese ataque terrorista, impedimento o estorbo del acto funcional e incumplimiento de los deberes de funcionario público a través del inconstitucional Memorándum de Entendimiento con la República Islámica, presentó ayer, martes, un dictamen de 63 fojas en el cual recomienda su citación para dar explicaciones.

Los otros acusados son el diputado Andrés Larroque, los ex secretarios de Legal y Técnica Carlos Zannini y General de la Presidencia y luego titular de la Agencia Federal de Inteligencia Oscar Parrilli, vicecancilleres Eduardo Zuain y Alberto D’Alotto, procuradora general del Tesoro Angelina Abbona, jefe de Gabinete y subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a cargo de la “causa AMIA”, Juan Martín Mena, secretario privado de Timerman José Mercado, consejero y ministro de Segunda de la Cancillería Luciano Tanto Clement y consejera legal de la Cancillería argentina Susana Ruiz Cerutti, el polémico dirigente kirchnerista Luis D’Elía, el supuesto espía Ramón “Allan” Bogado, el presunto representante del gobierno iraní Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil y el líder de la organización extremista Quebracho, Fernando Esteche.

Inmediatamente, el presidente de la Comisión de Disciplina y Acusación de ese organismo, el diputado oficialista Pablo Tonelli, añadió los expedientes iniciados tras las presentaciones de sus colegas Elisa Carrió y Waldo Wolff, entre otros, en una ampliación del orden del día para la sesión de mañana, jueves, a las 9 hs., en la cual se considerará -con grandes prespectivas de éxito- abrir el proceso de remoción del juez, a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Rozas le imputó a Rafecas una insuficiente actividad procesal, por la no producción del medio centenar de medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita; un análisis parcializado de las existentes; la falta o insuficiente fundamentación; una argumentación falsa y manifestaciones políticas improcedentes; y una inusual premura en la resolución del caso.

A su juicio, éste dictó una "sentencia fraudulenta" de desestimación de la denuncia de Nisman para "favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento", el 26 de febrero de 2015, solo 43 días después de su presentación, al considerar que no se había cometido delito alguno.

El senador señaló que Rafecas "incumplió el deber de investigar mediante un acto infundado, resultando a todas luces arbitrario", y defendió las decisiones de Cristina Kirchner al sostener que guardaban "una notable coherencia en punto a la persecución de los fines de verdad y justicia respecto del atentado a la AMIA".

"El juez no debe volcar opiniones personales ni manifestaciones políticas en sus fallos, en los que solo debe remitirse a los hechos y el derecho aplicable", le reprochó.

El magistrado utilizó para rechazar la investigación dos dictámenes contradictorios de Nisman que "nada tienen que ver con la denuncia" y citó a su despacho a los entonces titular, vicepresidente 1º y secretario general de la DAIA Julio Schlosser, el propio Wolff y Jorge Knoblovits, respectivamente, para anticiparles su decisión en "una reunión atípica con personas que no tenían vinculación" con la causa, a quienes les dijo que el extinto fiscal tenía problemas psiquiátricos, destacó Rozas, quien también mencionó un llamado telefónico al actual diputado para reprocharle sus críticas públicas.

"Podemos afirmar que el Dr. Daniel Eduardo Rafecas ha dictado la sentencia con arbitrariedad intencional, con fundamentos aparentes y con la finalidad de favorecer a los más altos funcionarios públicos de ese momento, constituyendo una verdadera sentencia fraudulenta (con forma de sentencia pero con contenido falso y direccionado a la obtención de un fin distinto a la obtención de la verdad y la realización de lo justo) y pasible de reproche por parte de este Consejo de la Magistratura", concluye el dictamen,basado en gran parte en el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que en diciembre ordenó investigar la denuncia y apartó a los jueces intervinientes.

Mañana, la Comisión de Disciplina y Acusación decidirá si lo cita en virtud del artículo 20º de su reglamento, una virtual indagatoria que el juez podrá responder por escrito, para lo cual se requerirán los votos de cinco de sus nueve integrantes: Rozas, Tonelli, el diputado Gustavo Valdes (UCR), el senador del FpV-PJ Mario Pais, los jueces Luis Cabral y Leónidas Moldes, el abogado Miguel Pidecasas, el académico Jorge Candis y el representante del Poder Ejecutivo, Juan Mahiques.

Es muy probable que ello ocurra, pero conseguir que Rafecas sea sometido al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados será más difícil, ya que se necesitará la venia de nueve de los trece miembros del Consejo y los jueces dudarían de avalarlo por temor a que ello sea entendido como un castigo a un colega por sus fallos, un antecedente que podría jugarles en contra en el futuro.

El tiempo apremia, ya que en marzo se cumplirán tres años de la denuncia de Carrió, el plazo máximo para que una causa esté abierta en ese organismo.
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